Por Joshua J. Horowitz · Publicado originalmente el 23 de julio de 2019 · Nota de actualización añadida en octubre de 2026
La legislación ha seguido evolucionando desde que se escribió esta entrada.
Deepfakes. En 2023, Nueva York modificó el artículo 245.15 de la Ley Penal para incluir las imágenes íntimas «creadas o alteradas mediante digitalización», comúnmente conocidas como deepfakes.
Legislación federal. La Ley TAKE IT DOWN, promulgada en mayo de 2025, tipifica como delito federal la publicación a sabiendas de imágenes íntimas sin consentimiento, incluidas las generadas por inteligencia artificial. Desde el 19 de mayo de 2026, también exige a las plataformas en línea afectadas que retiren las imágenes denunciadas en un plazo de 48 horas tras recibir una solicitud válida, bajo la supervisión de la Comisión Federal de Comercio. La ley federal también otorga a las víctimas una acción civil, 15 U.S.C. § 6851, promulgada en 2022.
Las cuestiones relacionadas con las pruebas técnicas que se analizan a continuación, como el rastreo de una subida realizada a través de una VPN o de Tor, siguen siendo tan relevantes como siempre. A continuación se incluye la entrada original, editada únicamente para eliminar una frase final que ya no era actual.
Hoy, el gobernador Cuomo ha promulgado oficialmente la ley de «porno vengativo» de Nueva York. La ley es loable por su esfuerzo por dotar a las víctimas del «porno vengativo» de un arma (o varias) con la que exigir responsabilidades a quienes han violado sus derechos más íntimos a la privacidad. Si no estás familiarizado con el término, el «porno vengativo» consiste, básicamente, en la difusión de imágenes o vídeos sexualmente explícitos de una persona sin su consentimiento. En muchos casos, el contenido explícito puede haberse grabado de mutuo acuerdo, pero luego la ruptura de la relación lleva a que dicho contenido se difunda por la salvaje red sin consentimiento.
La buena noticia es que la ley recientemente promulgada en Nueva York refuerza los derechos de las víctimas al tipificar como delito la difusión de «porno vengativo» y establecer recursos civiles para las víctimas. El primer cambio se introduce mediante un nuevo artículo añadido a la Ley Penal de Nueva York, el § 245.15. Este artículo tipifica como delito menor de clase A (que en Nueva York es un delito punible con hasta un año de cárcel) la difusión o publicación ilícita de una imagen íntima. Desde el punto de vista del Derecho penal, este nuevo artículo presenta muchos matices que no voy a abordar hoy (quizá lo haga en otra entrada).
En lo que respecta a las vías de recurso civiles, la ley añade un nuevo apartado al artículo 5 de la Ley de Derechos Civiles, el derecho a la intimidad, en el § 52-b, titulado «derecho de acción privada por la difusión o publicación ilícita de una imagen íntima». Este nuevo apartado ofrece a las víctimas de la «pornografía vengativa» la posibilidad de interponer una demanda civil para solicitar medidas cautelares (básicamente, la retirada del contenido), daños punitivos, daños compensatorios y el pago de las costas judiciales y los honorarios de los abogados en una cuantía razonable. Curiosamente, la ley establece que incluso una «amenaza de difundir o publicar» puede ser suficiente para interponer una demanda civil. La ley también contiene una disposición que establece la jurisdicción sobre los sitios web que alojan o transmiten contenidos «visibles en este estado» con el fin de obtener una orden judicial para que se elimine dicho contenido. Se trata de una definición extremadamente amplia que abarca prácticamente cualquier sitio disponible en Internet.
Desde el punto de vista de la prueba técnica, sin duda surgirán una serie de cuestiones en estos casos. Por ejemplo, para establecer la responsabilidad civil, la víctima debe poder demostrar que la persona a la que demanda «difundió o publicó» (a menos que la demanda se base en la teoría de la amenaza, en cuyo caso la indemnización por daños y perjuicios de la víctima probablemente será significativamente menor) el vídeo o la imagen. Para ello, probablemente habría que obtener los registros de la dirección IP del lugar o la cuenta desde donde se subió el vídeo y, a continuación, intentar identificar al titular de dicha dirección IP. Pero, ¿y si la persona utilizó una VPN o TOR para subir el vídeo? Será mucho más difícil rastrear quién «difundió o publicó» el vídeo. ¿Será suficiente con que la víctima presente una declaración jurada en la que afirme que la única otra persona que tenía una copia del vídeo era la persona a la que está demandando?
Todas estas son cuestiones que los tribunales tendrán que abordar cuando empiecen a presentarse demandas en virtud de este nuevo artículo. La ley entrará en vigor 60 días después de la fecha de su promulgación (60 días a partir de hoy, 23 de julio de 2019).
Este artículo tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Su lectura no da lugar a una relación abogado-cliente.